2017

El objetivo principal de la evaluación es analizar el grado de integralidad y orientación hacia resultados de las
intervenciones públicas que conforman la política social del Estado. En primer lugar, en el informe de la
evaluación se realiza una delimitación del universo de programas y acciones que conforman la política social del
estado mediante un estudio de su marco legal y un ejercicio de alineación a los derechos sociales y al bienestar
económico de grupos vulnerables. Posteriormente, se analiza el grado de institucionalización de las intervenciones de política social, con base en sus instrumentos normativos y programáticos. Por último, se busca identificar en qué medida éstas intervenciones están orientadas hacia resultados.
La información en la que se basa la evaluación proviene, en gran parte del Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos (SIMAPP), plataforma que ha desarrollado el gobierno de Jalisco durante la administración
2013-2018 y se complementa con información proveniente de entrevistas semi-estructuradas realizadas con
funcionarios relacionados con el sector de desarrollo social de Jalisco.
El informe concluye que la política social de Jalisco incluye, aunque con diferencias significativas, programas y
acciones que atienden todos los derechos sociales y que cubren a todos los grupos prioritarios, grupos de edad,
regiones y tipos de organizaciones beneficiarias. Sin embargo, este rasgo positivo ha generado un reto en
cuanto a la focalización de los recursos que podría resultar en la perdida de especificidad en la atención de
problemas sociales. Por otro lado, el marco programático presupuestal con el que se opera y organiza gran
parte de las intervenciones es un respaldo institucional valioso que contribuye a sistematizar la información. No
obstante, debido a su grado de formalización, no refleja la existencia de otras iniciativas muy valoradas por los
actores de la política social.
La evaluación también encontró brechas presupuestales muy importantes en las intervenciones de política
social, con derechos y poblaciones que reciben asignaciones que no son proporcionales a la gravedad de las
problemáticas que los aquejan. Finalmente, no se encontraron problemas importantes en cuanto a duplicidades
entre las distintas modalidades. El énfasis que se destaca principalmente es el problema de fragmentación y
falta de especificidad que caracterizan a la política social en Jalisco.

1. Se observó el avance en el proceso de institucionalización del diseño de programas y acciones públicas del 2013 a la fecha. 
2. Se identificó que de las 58 Reglas de Operación evaluadas, 32 ROP son adecuadas y suficientes para el buen funcionamiento de los programas y están en condiciones de ser publicadas. 
3. Se observó un cambio favorable en la mayoría de las ROP al contar con una descripción clara de objetivos, cobertura y población objetivo. 
4. Se identificó que las ROP cuentan con una descripción clara de las características de los beneficios, ya que de los 58 programas evaluados al obtuvieron un promedio global de 84.50 puntos
 

1. Fortalecer a los comités ciudadanos en términos de su conformación, capacitación y facultades. 
2. Definir mejor el papel de los gobiernos municipales y fuerzas políticas locales, en su propio papel, no como parte de los comités ciudadanos. 
3. Fortalecer el proceso pedagógico de la EVJ para dotar de mayores capacidades a los líderes locales y fomentar una cultura de participación ciudadano. 
4. Ampliar el proceso deliberativo para madurar las propuestas de proyectos y obras, para generar proyectos con mayor respaldo ciudadano. 
5. Definir claramente los roles y las facultades de los comités ciudadanos en las diversas etapas del proceso, en particular para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los compromisos. 
6. Designar enlaces de tiempo completo en las dependencias ejecutoras con el fin de elevar la efectividad en la comunicación y fortalecer el compromiso hacia la EVJ al interior de las dependencias participantes. 
7. Dar continuidad al programa, fortalecer el empleo local y focalizar inversión pública en regiones históricamente marginadas. 
8. Fortalecer los comités ciudadanos en su papel de vigilancia de las obras y supervisar las necesidades de mantenimiento de las obras. 
9. Evaluar puntualmente la calidad de las obras y actuar en consecuencia
 

1. Se identificó en la planeación de los programas la elaboración del Plan Anual de Trabajo, el cual contiene 4 documentos denominados: Plan de Acciones de Dirección, Plan de acciones de Jefaturas, Plan de Supervisiones y Agenda Anual, donde se establecen las metas de los programas, número de beneficiarios, capacitación a los Sistemas DIF Municipales, pláticas de orientación alimentaria y proyectos de recuperación de cuotas, elementos que dan origen al desarrollo de otros procesos. 
2. En la planeación de los programas, se carece de las acciones suficientes que permitan optimizar el proceso de solicitud de apoyo, por medio del cual los posibles beneficiarios hacen la solicitud de los beneficios de los programas. En el Plan Anual de Trabajo se hace mención de capacitaciones (Coordinar las capacitaciones otorgadas a los 125 SMDIF en coordinación con las jefaturas, esto con la finalidad de dar a conocer ROP, operatividad y seguimientos de los programas alimentarios). Sin embargo, esta actividad  es insuficiente para el desarrollo del proceso de solicitud.
3. En el plan anual de trabajo se observó la carencia de las actividades necesarias para desarrollar de manera adecuada el proceso de difusión en materia de convocatoria a la población objetivo de los programas, debido que se enlista la capacitación a los SMDIF en la operatividad del programa. Sin embargo, es necesario desglosar en el plan anual de trabajo las acciones de difusión que deberán realizarse en materia de convocatoria.
4. Se observa que en la planeación no se describen las acciones pertinentes para el desarrollo del proceso de seguimiento a beneficiarios, en torno a la periodicidad de supervisión que se habrán de realizar en los municipios de la entidad.
5. En el Plan Anual de Trabajo en el apartado que describe  las acciones de la dirección, engloba los programas que se encuentran bajo su mando, por tal motivo no se identifica claramente cuales actividades correspondientes a los programas: Desayunos Escolares, Ayuda Alimentaria Directa y Nutrición Extraescolar.
6. El proceso de planeación no dispone de diagrama de flujo que optimice las actividades que integran este proceso. 
7. Se registró que el proceso de difusión en materia de convocatoria es inadecuado para llegar a la población objetivo del programa, pues solo se realiza por medio de los sitios web del Sistema DIF Jalisco y en los DIF Municipales, donde se publica la información de los requisitos para ingresar al programa. Sin embargo, en una revisión de manera aleatoria de los portales de los Sistemas DIF Municipales, se observaron algunos casos que la difusión se realiza de manera inadecuada, pues no se cuenta con la información pertinente de los beneficios que ofrecen los programas.
8. • Los Sistemas DIF Municipales realizan de manera inadecuada el proceso de difusión en materia de convocatoria a la población objetivo, ya que se observaron deficiencias en algunos municipios, por ejemplo: DIF de Cocula, DIF de Ayula, DIF de Mazamitla, DIF de Tequila; y en los casos de DIF Atengo y DIF Cuautla, se tiene un portal donde se hace mención de los programas sin mostrar una ficha descriptiva con los datos relevantes de los beneficios que ofrecen los programas. Siendo una de las obligaciones de los Sistemas DIF Municipales, enlistada en las Reglas de Operación de los programas: “El Sistema DIF Municipal promueve el programa informando a la población los requisitos para ingresar”.
9.  El proceso de difusión cumple con la rendición de cuentas sobre la gestión de los programas, ya que se cuenta con la publicación de la información del avance de la ejecución del gasto en el portal de transparencia del Sistema DIF Jalisco.
10. En materia de transparencia la difusión de los programas cumple con sus obligaciones ya que se dispone de la información publicada en el portal de transparencia del Sistema DIF Jalisco, en el cual se encuentran los siguientes apartados: Información general del programa, formatos, padrones de beneficiarios, Reglas de Operación, avances de la ejecución del gasto del programa, avances del cumplimiento de metas y objetivos del programa. Adicionalmente, se publica en la página del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos la siguiente información: requisitos, ficha básica, Reglas de Operación, Matriz de Indicadores de Resultados, padrón de beneficiarios, evaluaciones, MIDE Jalisco, diagnóstico y agenda de mejoras. 
11. Se puede estimar de manera adecuada la demanda de los apoyos que generan los programas, esto debido que en el proceso de planeación se establecen las metas a cumplir de acuerdo con el presupuesto asignado para cada uno de los programas.
12. Se observó que la licitación para la adquisición de los productos se lleva a cabo en los meses de noviembre y diciembre para aplicarse el siguiente año. Sin embargo, la orden de compra de los productos queda sujeta a la radicación de los recursos de los programas, establecidos en el presupuesto del Sistema DIF Jalisco.
13.  El departamento de Aseguramiento de la Calidad no dispone del personal suficiente para realizar la supervisión de manera periódica de las bodegas de almacenamiento de los Sistemas DIF Municipales, para verificar que se cumpla con la NOM-251-SSA1-2009 los lineamientos de la EIASA, en el manejo y almacenamiento de productos alimenticios.
14. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas por beneficiarios, sin embargo, se deberán tomar en cuenta como aspecto de mejora de los procesos de los programas.
15. Se observa que para la instalación de los comités de contraloría social, el Sistema DIF Jalisco ha elaborado los documentos institucionales, Guía operativa (Descripción de los Comités de Contraloría Social, Plan de Difusión, Capacitación, Constitución y registro de los Comités, Mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a los reportes ciudadanos), Cuaderno de trabajo (Describe la operatividad de los Comités de Contraloría Social para cada uno de los programas) y Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (Detalla las acciones que se realizaran en planeación, promoción y seguimiento), para la conformación e institucionalización de los Comités de Contraloría Social de los programas Desayunos Escolares, Ayuda Alimentaria Directa y Nutrición Extraescolar a partir del año 2018. Cabe mencionar que durante la presente evaluación (año 2017) los programas contaban con los comités de participación ciudadana   quienes tienen la función de dar seguimiento, supervisar y apoyar las acciones de los programas, en muchos de los casos haciendo las veces de comités de contraloría social. Sin embrago, ya con los documentos básicos de la contraloría social los comités quedarán debidamente constituidos y formalizados, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación de los programas Desayunos Escolares(R.O. D. E., 2017, pág. 63), Ayuda Alimentaria Directa (R.O. A. A., 2017, pág. 46), Nutrición Extraescolar (R.O. N. E., 2017, pág. 51). 
16. Un aspecto que se observa en las entrevistas realizadas para los tres programas es la falta de implementación de un mecanismo por parte de los SMDIF para dar seguimiento a los compromisos y resultados de la corresponsabilidad de los beneficiarios, derivada de las pláticas de orientación alimentaria, para mejorar los hábitos alimenticios de los beneficiarios.
17. No se cuenta con evidencia de que los programas tengan definida una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo para ampliar los bienes que se entregan, puesto que los programas dependen de la aportación presupuestaria federal para los programas de asistencia social a través de los sistemas DIF en las entidades, salvo en el caso de Desayunos Escolares se observó un incremento entre el año 2015 y 2016.
18.  En la valoración de costo-eficiente y costo-efectivo, se observa la falta de mecanismos de seguimiento posterior a la entrega, para corroborar la correcta utilización de los bienes que ofrecen los programas. Lo anterior, se deriva de los resultados obtenidos en la encuesta, donde se puede observar que los alimentos destinados a los menores se comparten con el resto de los miembros de la familia, los alimentos no se utilizan en los hogares beneficiados, los Desayunos Escolares se entregan fuera tiempo, y esto no contribuye eficiente y eficazmente al cumplimiento de los objetivos de los programas.
19. Una valoración que se tendría que plantear es la revisión de la normatividad (Reglas de Operación) para la reorientación de los programas sería en el sentido de la temporalidad enfocada a los beneficiarios, es decir, aumentar (más de un año) el tiempo de estancia de los beneficiarios en los programas, con la finalidad de garantizar su seguridad alimentaria. Cabe mencionar que cada programa cuenta con una estrategia diferente para la permanencia de los beneficiarios en el programa, sin embargo, la valoración va en el sentido de la posible modificación el marco normativo de los programas. Con el módulo de seguridad alimentaria de la encuesta se puede inferir la mejoría de los beneficiarios, pero no se logra reducir del todo los problemas de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias del Estado en condiciones de vulnerabilidad.

1. Reestructurar el modelo de asignación de recursos para que los municipios y regiones con mayor rezago cuenten con mayores recursos para proyectos de obra pública. 
2. Reestructurar los calendarios internos para la publicación de las ROP de forma más temprana. 
3. Desarrollar las propuestas de proyectos a través de los Subcomités de Planeación Regional.
4. Fortalecer los talleres de capacitación y formulación de proyectos. 
5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que hablen entre sí. 
6. Priorizar la participación ciudadana en los procesos de planeación, y monitoreo y seguimiento, desde las Reglas de Operación. 
7. Destinar recursos financieros adicionales a las oficinas de enlace regional para garantizar que cuenten con recursos humanos, tecnológicos, y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 
8. Cambiar el modelo de ministraciones y avances físicos.Pasar del actual 40%-30%-30% para avance físico y financiero aFinanciero: 40%-30%-30%; Físico: 30%-30%-40% 
9. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo.
 

1. Dotar al Consejo de mecanismos que garanticen la participación de otras instancias existentes del sector público, académico, ciudadano y de la iniciativa privada, que son competentes en el ámbito del desarrollo metropolitano, y que permitan el aprovechamiento de recursos de diversa índole que están disponibles. 
2. Replantear la operación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano y, particularmente, del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, para que se consolide como un órgano técnico en donde se discuten y evalúan proyectos abordando la complejidad metropolitana y aprovechando el conocimiento y experiencia con que se cuenta dentro y fuera del gobierno estatal. 
3. Instaurar espacios de debate y de formación de los servidores públicos que se involucran en políticas y programas del ámbito metropolitano. 
4. Reformular el calendario interno de operación del Fondo, adelantando el proceso de planeación y de preparación y revisión de las fichas técnicas, para utilizar el tiempo disponible antes del inicio de la captura en el SEFIR23 y favorecer la consecución de los procesos subsecuentes. 
5. Utilizar un sistema único de control y seguimiento de proyectos o, en su defecto, sistemas interconectados que interactúen entre sí. 
6. Revisar metodológicamente, y facilitar el acceso a la MIR del Fondo. 
7. Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, con un enfoque de inclusión y participación efectiva.
 

A pesar de estas fortalezas, su principal debilidad es la ausencia de Reglas de Operación Estatales que planteen un problema público específico para la población que atiende: los estudiantes de nivel superior. Evidentemente, las causas de la deserción escolar son muy distintas en el nivel superior si se comparan con cualquiera otro de los niveles educativos porque se trata de una población que está al comienzo de su edad adulta. 
Adicionalmente, el programa focaliza su intervención a partir de una lógica presupuestal: si los recursos son limitados se aplican criterios de priorización, que diferencian a la población objetivo en varias poblaciones. Todo ello genera que no haya claridad en la fundamentación del programa, en el tipo de metas y resultados que se esperan y en el diseño de una matriz de indicadores consistente con impactos diferenciados a partir de los distintos tipos de beneficiarios.
 

1. Realización de diagnóstico sobre condiciones visuales en niños y jóvenes con la ayuda de Secretaría de Salud o en su defecto, mediación con esta instancia para identificación de origen de problemáticas visuales por región y construir una identificación de prevalencia de enfermedades visuales cubiertas por el programa representativa. Esto último también puede ser realizado a partir de los registros del programa.  
2. Trabajo en las comunidades sobre el cuidado de la salud visual o como campaña estatal centrada en la sensibilización de aquellos que manifiesten algún síntoma y en la prevención.  
3. Ajustar el árbol de objetivos en cuanto a los componentes del programa y su objetivo con lo señalado en la MIR. 
4.  Continuar con la operación del programa y su enfoque por la calidad de manera independiente.
5. Establecer en la MIR como un supuesto más a considerar a nivel de Propósito o Fin el que los beneficiarios deben usar los anteojos dentro y fuera del horario y área escolar.  
6. Vinculación y aprovechamiento de la pertenencia a la estructura de SEJ con el conocimiento del interior del estado para lograr alianzas con SS en el tema de salud visual y Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan el tema (OSC). 
7.  Realizar seguimiento a las calificaciones de los alumnos y seguimiento ya sea muestral o no estadístico a un grupo de ellos para recabar información adicional de los beneficios del programa en el mediano y largo plazo y que incluya las últimas tres boletas de calificaciones, así como un cuestionario sobre sus actividades extraescolares con actividades, pasatiempos y tiempo dedicado a éstos.  
8. Incrementar el número y la participación de especialistas optometristas en el programa, tanto para la precisión de los alcances y teoría en MIR y Árbol de Problemas y Objetivos como en el seguimiento al trabajo de campo, monitoreo de resultados en beneficiarios y establecer línea base para evaluaciones a mayor profundidad, resultados e impactos en población objetivo.  
9. Incrementar el porcentaje de la inversión proyectada del programa destinado al pago de optometristas certificados que realicen la tarea de diagnóstico fino y de seguimiento a los beneficiarios en cuanto a su evolución y mejora escolar y calidad de vida.
 

1. Se sugiere fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información sobre la problemática de las mujeres que habitan en zonas rurales. Se aconseja que se tomen como referencia documentos tales como la declaración de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, “Las mujeres rurales en México: Estrategias para su desarrollo”, editado por la SRE, UNIFEM y PNUD México o “Condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales en México” de la Cámara de Diputados y CEDRSSA. Asimismo, se recomienda localizar datos estadísticos oficiales sobre la problemática de la mujer rural, con el propósito de establecer numéricamente la población potencial y objetivo del programa.  
2. El equipo evaluador aconseja la realización de un ejercicio de análisis de la normatividad vigente que lleve a dar mayor solidez al marco legal del programa, ampliándolo si es preciso. Al respecto, se sugiere integrar los Artículos 33, 34 y 35 de la Ley General de Desarrollo Social.  
3. Fortalecer y sustentar el diagnóstico, integrando información de programas similares que le brinde soporte empírico a la intervención; se recomienda presentar los casos planteados en esta evaluación.  
4. Realizar una revisión de los resúmenes narrativos de la MIR que lleve a una redacción pertinente, en la que se evidencie la relación necesaria entre el Propósito y el Fin, haciendo que estos correspondan con los objetivos generales y específicos del programa. Asimismo, se sugiere que toda vez que se hayan realizado las adecuaciones al Fin y al Propósito y que se haya dado validez a la lógica vertical, se construyan indicadores que midan el cumplimiento de estos objetivos y se consideren los medios de verificación requeridos para su cálculo.  
5. El equipo evaluador sugiere que los diseñadores del programa realicen un análisis de las desventajas que han registrado programas similares, con la finalidad de elaborar un plan de acción que contemple estrategias para evitar o minimizar el riesgo de que éstas se presenten.  
6. Se recomienda la formalización de convenios de colaboración con los programas símiles, con la Secretaría de Economía Federal y la SEDECO Jalisco.  
7. Diversificar los esquemas de comunicación y dar prioridad a aquellos de trato directo y a la conformación de redes. 
8. Se recomienda realizar mediciones de satisfacción y seguimiento a las beneficiarias.
 

1. El equipo evaluador sugiere presentar datos estadísticos sobre el porcentaje de jóvenes en el programa y cuántos de ellos han sido reincidentes, con la finalidad de evidenciar la efectividad del programa. 
2. Establecer mecanismos de apoyo para la documentación digital de cada uno de los expedientes del programa, con la finalidad de asegurar su continuidad ante alguna contingencia. 
3. Otorgar el apoyo económico durante el tiempo establecido en el programa a los jóvenes que se encuentran bajo alguna problemática psicológica durante el tiempo de asistencia a las terapias; Realizar una revisión de los Componentes de la MIR 2017, En la que se considere como un nuevo componente de la MIR el apoyo otorgado a los jóvenes por proceso de intervención psicológica.
4. Establecer mecanismos de control y seguimiento para los beneficiarios que se integran a la informalidad laboral, Lo anterior debido a que los contratantes no se comprometen con los beneficiarios en entregar documentación que los comprometa por operar fuera de la Ley.
5. Otorgar un seguimiento a los beneficiarios por lo menos de 2 años, lo anterior conforme al Código de Procedimientos Penales que establece el tiempo para considerar que una persona ya no es reincidente.